Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– En 2010, Israel Arzate Meléndez fue acusado del asesinato de 15 jóvenes que se encontraban en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuhua. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su liberación tras determinar que su declaración –única prueba del delito– se había realizado por medio de tortura.
“No me la creo, estoy contento”, afirmó Israel al conocer el fallo.
El caso es un referente en este tipo de delito que marcó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“La importancia que tiene este caso, es que la tortura en México es uno de los mecanismos que ha sido utilizado para sustituir las investigaciones y para presentar a personas responsables de delitos que no ha cometido. La decisión puede sentar las bases para que por primera vez la Corte diga, cuáles son las obligaciones para que los jueces actúen cuando conocen de casos de tortura”, dijo Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
De acuerdo con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, durante la administración pasada la tortura aumentó 500 por ciento. En el informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas”, Amnistía Internacional denunció la falta de atención para combatir este problema en la administración del ex Presidente panista.
“México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir a poderosos cárteles de la droga y otras redes de la delincuencia organizada. En este contexto han aumentado de manera alarmante los informes de tortura y malos tratos ”, publicó AI en 2012.
Israel fue presentado el 6 de febrero de 2010 ante medios de comunicación como uno de los sicarios que participó en la matanza del 30 de enero de 2010. El joven declaró que fue torturado por más de 30 horas, golpeado y amenazado para que firmara una declaración en la que se declaraba culpable de asesinato.
Los policías que lo amagaron con que si no firmaba la declaración lo desaparecerían y violarían a su madre y a su entonces pareja sentimental. Entonces él accedió a decir que era responsable de la muerte de los 15 jóvenes.
TORTURA, UN PROBLEMA DE MÉXICO
En octubre pasado y previo a la Evaluación Periódica Universal (EPU) que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que exigía al gobierno federal de “hacer más” por la defensa de los derechos humanos y no sólo pronunciar “buenas palabras”.
“El nuevo gobierno, al igual que el anterior, afirma que la protección de los Derechos Humanos se encuentra en el centro de sus políticas de seguridad, sin embargo, detenciones arbitrarias, torturas y tratos vejatorios y desapariciones continúan impactando las vidas de miles de mexicanos”, lamentó Rupert Knox, investigador de AI para México.
El organismo reprochó al Estado no haber cumplido con su promesa de actuar según las recomendaciones que desde 2009 hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismas que incluían implementar medidas para zanjar la tortura y las desapariciones forzadas, asegurar la investigación efectiva de las violaciones de estos derechos fundamentales y colocar la protección de los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad pública.
En el informe de AI sobre la tortura, la organización señalaba lo difícil que era determinar la verdadera magnitud y extensión del delito en México. “Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuantas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias”.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, han estado implicado o participado funcionarios públicos federales.
CIFRAS DISPARES
La legislación federal define la tortura como “el acto cometido por el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que hay cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”.
Sin embargo, no se sujeta a la de la Convención contra la Tortura y Oros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que la define como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinjan a un persona penas o sufrimientos físicos o mentales”, pues no incluye la motivación de toda forma de discriminación, ni limita la finalidad con la que se realicen estas acciones.
La CNDH informó que de las 110 denuncias de tortura que recibió, 31 dieron lugar a recomendaciones y 57 seguían siendo objeto de examen; y que de las 4 mil 731 denuncias de malos tratos, de 83 hicieron recomendaciones.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2008 y 2011 abrieron 58 investigaciones preliminares de tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal. Según la Judicatura federal, en el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló que entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia por tortura. En el mismo periodo, pero en el fuero común hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias de tortura.
Para AI, la impunidad de los delitos de tortura y otros malos tratos es constante desde la “guerra sucia” (1964 a 1982). Los delitos se cometieron de manera sistemática y generalizada contra manifestantes y presuntos miembros de movimientos políticos de oposición, incluidos grupos armados.
EL CASO DE ISRAEL
De acuerdo con AI, el caso de Israel es alarmante, pues hacen que se planteen dudas sobre la aplicación efectiva de un elemento clave de las reformas de justicia penal que garantice que las pruebas sólo son válidas cuando se desahogan (revelan) ante un juez.
El informe del gobierno al Comité contra la Tortura ofrece garantías de que las excepciones a esta regla que permiten la admisión de la prueba anticipada están estrictamente controladas y limitadas. Sin embargo, este caso evidenciaba que en el nuevo sistema continúan utilizándose poderes discrecionales para admitir como prueba confesiones o información obtenidas mediante tortura.
En el sistema de justicia federal y en los 21 estados donde continúa en vigor el antiguo sistema procesal, sigue aplicándose la norma de la “inmediatez procesal”. En virtud de ella, se concede más importancia a las declaraciones iniciales hechas bajo custodia del ministerio público que a la declaración posterior hecha ante el juez. De este modo se fomenta el uso de la tortura para obtener confesiones y se impide a los acusados defenderse de manera efectiva de los cargos basados en ellas.
Este principio debería invalidarse en el nuevo sistema procesal, pero los jueces continúan aplicándolo a fin de admitir pruebas obtenidas mediante tortura antes de la comparecencia ante el tribunal.
En 2011 se presentó al Congreso un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, pero no fue aprobado. Aunque la propuesta contenía algunos avances procesales que protegían los derechos humanos, también incluía disposiciones que podían permitir a los jueces aceptar pruebas obtenidas mediante tortura y establecer otras excepciones probatorias que menoscababan potencialmente las normas sobre juicios justos.
En el entorno actual existe una fuerte presión de los medios de comunicación y de figuras políticas, así como de la opinión pública, para que se obtengan resultados contra los presuntos delincuentes, particularmente la sentencia condenatoria de sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. Es, por tanto, esencial que no se utilicen inquietudes en materia de seguridad o de otra índole como pretexto para permitir la admisión como prueba judicial de información obtenida mediante tortura, en especial las confesiones o las declaraciones de testigos o de coacusados.
Ayer, La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por mayoría de tres votos, concedió el amparo liso y llano, y ordenó la inmediata libertad de Israel Arzate Meléndez.
La Primera Sala resolvió a favor el amparo en revisión 703/2012, a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo porque “la confesión del quejoso resultó nula de pleno derecho, al haberse rendido en resguardo y custodia de autoridades militares, y no así formal y materialmente a cargo de la autoridad investigadora civil que correspondía”.
